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3 de noviembre: A 22 días del Día Internacional de No Más Violencia Contra las Mujeres: El aborto: La mejor manera de coartar un derecho es crear la impresión de que no existe

Todavía en Puerto Rico se discute la legalidad del aborto.  Esta discusión debería haber sido terminada desde hace décadas.  Desde el 1973, el aborto es legal en nuestra Isla aún por encima del lenguaje del Código Penal... y aún por encima de los grupos autodenominados "pro-vida" y sus campañas de miedo, misoginia y temor a un dios que tal parece que sólo existe para justificar la represión de los derechos de las mujeres.

Les comparto hoy un reportaje publicado en Claridad sobre el tema del aborto y la versión del Código Penal recién aprobada en el Senado de Puerto Rico.  La idea que me gustaría dejar clara hoy es la siguiente: "La mejor manera de coartar un derecho es crear la impresión de que no existe.  La mejor manera de garantizar un derecho es divulgar su existencia y crear los mecanismos necesarios para que las personas lo ejerzan".  

De las muchas formas de violencia en contra de las mujeres que aún hoy en día debemos denunciar, la prohibición del derecho al aborto es una de las más graves y controversiales.  Se trata de nuestros cuerpos, de nuestra capacidad de decidir y del empeño de ciertos grupos en imponernos sus creencias religiosas a costa de nuestra salud y de nuestro derecho a la intimidad.

Acción Senado sobre aborto: Desinformar, asustar, intimidar, a mujeres sobre sus derechos

Publicado: martes, 1 de noviembre de 2011 en Claridad

Por Cándida Cotto
Como una acción dirigida a confundir e intimidar y con la cual una vez más se vulnera la separación de iglesia y estado, varias activistas feministas describieron la acción del Senado de mantener en el nuevo Código Penal (CP) el Artículo 99 que prohíbe la práctica del aborto en Puerto Rico, el cual establece que “toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia y la tome, o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio, con el propósito de provocarse un aborto, excepto el caso de que fuere necesario para salvar su salud o su vida, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de dos años”.
La acción del Senado es cuestionable en cuanto a su propósito y efectividad porque según el estado de derecho que impera en la isla lo que prevalece es la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que dictó en el 1973 en el caso Row v. Wade que el aborto es legal en los primeros tres meses de gestación. Luego el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso Pueblo v. Duarte en 1980, reconoció el derecho al aborto como uno relacionado con el derecho a la intimidad de la mujer.
Ante esa realidad jurídica, ¿qué motivó a los legisladores del PNP?
“Mucha gente no lo sabe y aun yendo a las clínicas cree que está cometiendo un acto ilegal, así que aquí lo que se está enviando es un mensaje que lo que hace es inhibir más el ejercicio de un derecho que está vigente y que no debe descansar únicamente en las disposiciones federales”, denunció la licenciada Josefina Pantoja Oquendo. Agregó que el derecho al aborto responde al Derecho Humano Internacional de que las personas controlen y decidan sobre su cuerpo, que en el caso de las mujeres incluye los derechos reproductivos y los derechos sexuales. “Así que el mensaje que se está enviando es de mucha confusión porque aunque sabemos que la implantación se podría cuestionar legalmente y se caería cualquier caso a base de la jurisprudencia de Estados Unidos en especial para el primer trimestre, en la práctica va a ser un efecto inhibitorio del ejercicio del derecho”, denunció enfática.
Pantoja, veterana activista en pro de los derechos de la mujer, criticó de manera severa la acción del Senado como un acto “oportunista de los políticos para complacer a un sector que entienden que le da más votos porque de otra manera no estarían haciendo un acto tan hipócrita”. Añadió que la acción “reafirma la tendencia de este gobierno de entrar en alianza con el sector fundamentalista violando la separación de la iglesia y estado”.
Otro aspecto que Pantoja denunció es la postura de la oposición, entiéndase los senadores del Partido Popular Democrático (PPD), quienes dijeron oponerse a la medida solo con el argumento de que los que promueven la estadidad están actuando contra un derecho que es reconocido en EEUU y su posición no responde a un acto de reconocimiento de que el aborto es un derecho de las mujeres a la toma de decisiones sobre su cuerpo.
“Además, ¿quien pidió esa enmienda, hubo un reclamo del pueblo, responde a alguna preocupación o necesidad de la comunidad? Se supone que las legislaciones responden a reclamos públicos, a la necesidad pública, pero aquí nadie ha estado pidiendo eso”, reiteró. Observó que no hay ningún estudio que demuestre que la práctica del aborto en la isla es un acto de irreflexión. Por el contrario, apuntó que limitar su acceso conduce a condiciones de salud pública que son perjudiciales y violenta un derecho humano.
En tanto, para la directora del Programa Salud pro Mujer del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (PPM-CMD), Yamilia Azize, lo sucedido es “otra estrategia más de desinformar a las mujeres. Que las mujeres están desinformadas se ha podido documentar, así lo demuestra una encuesta de hace 10 años, la que todavía persiste, evidenció que un 30% de las mujeres, aun haciéndose un aborto no sabían si era legal o no. Tengo casos documentados en la prensa de las noticias equivocadas y manipuladas para desvirtuar lo que es la información científica y la información legal. Entonces, esto es otra estrategia más de asustar, intimidar de quitarle derechos o hacer pensar que le están quitando derechos a las mujeres”.
“Los profesionales de la salud deben estar alertas para que sepan informarle a sus pacientes y clientes cuál es el estado de derecho y cómo acceder a esos servicios que son legales”. Azize comentó la necesidad de que las organizaciones no gubernamentales comiencen a movilizarse para que circule la información correcta.
Por separado, la apreciación de Azize sobre la práctica del aborto en la isla coincidió con la de Pantoja Oquendo, en cuanto a que no existe un abuso de este recurso como quiere hacer ver la Legislatura. “La Legislatura demuestra una ignorancia, una falta de reconocimiento, de cuál es la práctica en el país, de que es un procedimiento seguro, de que hay clínicas certificadas, una práctica médica segura”. Precisó que desde los años 1980 la Legislatura viene presentando proyectos viciosos por sus implicaciones legales que saben que van en contra de una normativa constitucional, como el de pretender reglamentar el aborto a las menores.
Peligroso

Por su parte, la directora del proyecto MATRIA dirigido a la autogestión económica de mujeres, licenciada Amarilys Pagán, coincidió en que lo más peligroso de esta acción de la Legislatura es que puede acrecentar la confusión que ha habido por muchos años en el país sobre la legalidad del aborto.
“Es bien importante que las personas tengan claro que el aborto en Puerto Rico es legal. Lo que pasa que este tipo de acción, al crear la impresión de que es ilegal, lo que hace es coartar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo o lo que son sus derechos sexuales o reproductivos”. Además destacó como peligroso que, aunque haya legisladores que lo nieguen, se sabe que la acción responde a la presión de grupos religiosos que insisten en imponer sus creencias religiosas a través de legislación al resto del país.
Pagán se reiteró en lo peligroso que resulta la acción del Senado dado al hecho de que el derecho a la terminación de un embarazo, en particular en los primeros tres meses, no siempre ha estado garantizado debido al difícil acceso que tienen las mujeres a este procedimiento médico. Enumeró que los planes médicos no cubren el aborto, que hay médicos que se niegan a realizarlo y a las pocas clínicas que existen en la isla dedicadas a la salud reproductiva de las mujeres.
“Lo terrible de esto es que sí existe el derecho y no está garantizado por falta de acceso y además es invisibilizado creando la impresión de que no existe, o es ilegal el acto. Lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo la vida de las mujeres que desean hacerse un aborto y no tienen el acceso. Quizás van a tomar decisiones que no son beneficiosas para su bienestar físico y emocional”, declaró.

Pagán también censuró la postura en contra del PPD, cuando en el pasado ha tenido la oportunidad como mayoría en la Legislatura de eliminar el artículo del Código Penal y no lo ha hecho. Explicó que en términos legales se supone que la Legislatura elimine del CP todo lo referente a la prohibición del aborto. Apuntó a que antes de las decisiones de los casos Row v. Wade y Pueblo v. Duarte, el CP tenía el mismo lenguaje que se acaba de aprobar esta semana. “Lo que pasa es que quedó invalidado por estas dos decisiones y la Legislatura nunca ha hecho la gestión para atemperar el Código a esa realidad jurídica que es la que realmente gobierna en Puerto Rico”. Aun cuando el derecho acoge a los primeros tres meses de embarazo sin riesgo de ninguna penalidad, aclaró que luego del primer trimestre para poder llevarse a cabo un aborto tienen que mediar razones médicas para garantizar la salud y seguridad de la mujer debido a que cuando el embarazo está más avanzado hay factores de riesgo que pueden afectar la vida de la mujer.
La apreciación de Pagán es que la acción del Senado respecto al aborto, junto con la campaña de abstinencia dirigida a los adolescentes que promueven el Departamento de Educación (DE) y el Departamento de la Familia (DF), la eliminación de la carta circular del DE sobre la educación de género y la educación sexual en las escuelas públicas, son parte de una estrategia orquestada de la alianza abierta entre los grupos religiosos fundamentalistas y el Gobierno. A ello se suma la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la Ley 54, de que no protege a una víctima de maltrato en una relación adultera, por lo que estas acciones no se pueden ver separados del todo y sí como parte de un plan que va en detrimento de los derechos humanos de las mujeres, tanto por intereses políticos como ideológicos.

Se supone que el proyecto del nuevo CP se encuentre en consideración ante la Cámara de Representantes.



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