20.2.07

La religión como ley



¿Quién dice que en Puerto Rico todos somos cristianos? Existen también judíos, musulmanes y hasta ateos. ¿Y quién tiene derecho a juzgar esas creencias e imponer las suyas al resto del país? Aquí existe separación de iglesia y estado. Una separación que no existe por mera casualidad, sino por el derecho básico de todo ser humano a que nadie interfiera en el ejercicio de su espiritualidad. Algo que es íntimo y que requiere a la vez respeto por la intimidad ajena.

En medio de las discusiones generadas por la propuesta de Código Civil, los argumentos religiosos han sido los protagonistas. Algo preocupante cuando esos argumentos promueven la intolerancia, los prejuicios, el sexismo y la falta de equidad entre seres humanos. Todos estos valores representan un retroceso en nuestra evolución como sociedad y violentan los valores humanos que tanto nuestra constitución como organismos de derechos humanos reconocen y protegen.

La peligrosidad de los argumentos religiosos es que generan pasiones y prejuicios como los que en el pasado justificaron la esclavitud de los negros, la expulsión de los judíos de España y la condena de Galileo por demostrar que la Tierra no era el centro del universo. En la actualidad, son ideas religiosas las que justifican el apedreamiento y mutilación de mujeres en Somalia y otros países islámicos. ¿Justifica una creencia religiosa la segregación de otros seres humanos y el sufrimiento y dolor de otros? Jamás.

Las enmiendas que más revuelo han provocado son las relacionadas a los derechos de homosexuales y lesbianas, así como las relacionadas con derechos que beneficiarían a mujeres y familias no tradicionales. No me sorprende. Lo que sí me sorprende e indigna es, que como ciudadanas, veamos a nuestros legisladores saboteando desde sus prejuicios y terrores el desenlace de las enmiendas y que no protestemos. Los sectores religiosos no tienen derecho a imponer a los demás sectores opiniones que no representan nuestra realidad de pueblo. No puede triunfar el desprecio por el derecho a una vida digna y la entronización del odio y la violencia social. De la misma manera en que los opositores de los derechos humanos manifiestan sus opiniones, los que los defendemos no podemos guardar silencio. ¡Usemos nuestras voces contra el fundamentalismo!

2.2.07

La violencia de la Policía

Cada vez que visito con mis hijos la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, mi hijo mediano cuenta las banderas violetas que se asoman desde su balcón. Las cuenta porque sabe que cada una representa una mujer muerta. Luego de contarlas su comentario siempre me conmueve: “¿Mami, por qué siguen matando mujeres?”.

Con el caso del policía de Aibonito y las reacciones de sus compañeros, se confirma la importancia de que a la violencia doméstica se le dé prioridad como un asunto de salud pública y de derechos humanos. No basta con que exista una Ley 54 si los encargados de implementarla reproducen los patrones de pensamiento de los agresores. Y que quede claro que no estamos hablando de problemas sicológicos. La violencia que emana de la propia policía no es meramente un problema de salud mental. De hecho, si fuera sólo eso, trabajar con ella tal vez sería menos complejo. Los llamados del Superintendente de la Policía para que éstos busquen ayuda son inútiles ante toda una construcción de pensamiento que justifica la violencia.

Existen en nuestra sociedad pensamientos recurrentes que aún no hemos logrado erradicar. Son pensamientos que se instalan en nuestras acciones. Son en realidad premisas que justifican actos violentos en contra de las mujeres por celos, por amor, por deseo o por mero ejercicio de poder. Quien piensa así, y además cree que está pensando correctamente, no buscará ayuda sicológica, no identificará señales de alerta antes de cometer un acto violento, ni tratará de evitar hacer daño. Si las personas que le rodean, aún sus propias víctimas, piensan igual, no sólo pasarán por alto los indicadores de peligro, sino que además lo justificarán y apoyarán cuando deba enfrentar el sistema de justicia.

A la Policía de Puerto Rico hay que hacerle claro lo que supone ellos entendieran hace tiempo: Aquí no se tolera la violencia doméstica ni ninguna otra manifestación de ésta. A nuestro país en general hay que hacerle claro el mismo mensaje. Pero claro, debemos empezar por quienes se supone que protejan la ley en vez de fiar a compañeros delincuentes, ¿o no?

Vivir en la dimensión desconocida

El martes en la mañana estaba escuchando un noticiero matutino y de momento sentí que en Puerto Rico vivimos en la dimensión desconocida. Para unas cosas estamos en el plano terrenal común y para otras parecemos desdoblarnos en realidades alternas que inspirarían a cualquier surrealista trasnochado en busca de una buena historia.

¿En qué mundo coherente se le ocurriría a un jefe de agencia en nuestra Isla hacer acuerdos con la jurisdicción federal amparado en la premisa de que ellos sí pueden violar derechos protegidos por nuestra constitución? ¿No es esa una manera solapada de violar ellos mismos esos derechos?

Los visuales de la reunión celebrada el lunes nos presentaron a un Secretario de Justicia y un Superintendente de la Policía estatal compartiendo la mesa con la jefa de los fiscales federales y el, ya nefasto para este país, director del FBI. Anunciaron un “strike force” que es en realidad una segunda y no muy feliz fase de la malograda mano dura contra el crimen y un permiso para que se violen derechos constitucionales tan importantes como el de la fijación de fianza y la no intercepción telefónica. No podemos invalidar nuestra constitución bajo la premisa de que ésta sólo protege a los criminales y deja a merced de la violencia al resto de la ciudadanía. Nuestra constitución no se creó para los criminales. Se creó para proteger a los ciudadanos comunes que pueden convertirse en víctimas de un sistema de justicia claramente imperfecto y el cual ha sido en el pasado promotor de carpeteos, fabricación de casos, persecuciones políticas y viles asesinatos.

¿Que quién se afecta con ese “strike force” son sólo los criminales? ¡No! ¿Y quién define quiénes son los criminales de este país? Independentistas, homosexuales, gente pobre o negra, obreros, todos han sido considerados criminales en diversos momentos de nuestra historia y su único escudo ante el discrimen y la persecución han sido las garantías de protección a sus derechos civiles que les brinda nuestra Constitución.

La sociedad civil ha sido responsable al brindar alternativas concretas para prevenir y eliminar la violencia en nuestras comunidades. Ahora le toca a nuestro gobierno actuar y no meramente castigar.

¿Candidata yo? A un año de lanzar una candidatura

Hoy hace exactamente un año que anuncié de manera oficial mi candidatura a senadora por acumulación con el Partido del Pueblo Trabajado...