En Puerto Rico, las mujeres de pie ante un estado agresor

Estamos de pie ante un sistema de gobierno que se ha convertido en el principal agresor de las mujeres en Puerto Rico. De pie y resistiendo por nosotras y por otras poblaciones que son igualmente vulnerables. De la misma manera en que la violencia doméstica se trata de una cuestión de poder y control, la violencia actual del Estado en contra de las mujeres de la Isla es un asunto de poder y control matizado por una perspectiva acartonada de lo que son- y deben ser- las mujeres a la luz de una concepción judeo-cristiana de corte fundamentalista que se ha entronizado en la esfera gubernamental.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de No Más Violencia Hacia las Mujeres, es obligatorio hablar de la violencia hacia las nosotras en sus expresiones más amplias y profundas. Esa violencia no se limita a la violencia en relaciones de pareja (violencia doméstica) y es, en realidad, una violencia que se ha filtrado a través de muchas otras facetas de la vida de las mujeres. Pensar que la violencia doméstica es el único tipo de violencia que se inflige a las mujeres de la Isla es simplificar un asunto mucho más complejo.

Este año, no le permitiremos al Estado pasar por el 25 de noviembre sin señalar su propia violencia y sin que sientan la vergüenza de verse a sí mismos como lo que son: agresores de nuestros derechos humanos, secuestradores de la economía y asesinos del futuro de equidad que todas merecemos.

La violencia gubernamental por género la podemos ver en su forma más cruda en el discurso de legisladores que cuestionan la capacidad moral e intelectual de legisladoras de manera viciosa, en los proyectos de ley que radican para inmiscuirse cada vez más en la vida privada de las mujeres y en la negativa a confirmar a dos nominadas al puesto de Procuradora de las Mujeres que fueron nominadas por el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR). Ambas cumplían con los requisitos del puesto y, sin embargo, fue confirmada otra cuyo único mérito es la sumisión a las políticas machistas y de corte fundamentalista religioso del gobierno actual. Todas estas situaciones han sido denunciadas por el MAMPR a través de los medios y de acciones de movilización.

La violencia del Estado está presente, además, en la transformación cada vez más evidente de un Estado que debe ser laico por mandato constitucional a uno teocrático, que pretende poner límites a los derechos que ya hemos adquirido y obstaculizar los que aún nos quedan por reivindicar. La aplicación de normas divinas y el empeño en amoldar la figura de las mujeres a una normativa religiosa de carácter misógino y fundamentalista, se refleja en la falta de aplicación de un análisis con perspectiva de género al desarrollar las políticas públicas relativas a economía, desarrollo, participación política, vivienda, salud y educación, entre otras.

Tanto la legislatura como la rama ejecutiva han demostrado un claro rechazo al concepto de género influidos por grupos religiosos de presión que han demonizado el mismo y han logrado excluirlo del análisis y desarrollo de propuestas de ley y acciones gubernamentales que afectan directamente a las mujeres. Uno de los ejemplos más claros de esta situación lo vimos en enero pasado cuando el actual Secretario del Departamento de Educación, Carlos Chardón, derogó una carta circular que establecía como política pública la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de educación pública de Puerto Rico. Dicha carta fue el producto del trabajo y coordinación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con el anterior Secretario de Educación y atendía una preocupación genuina de los sectores que abogan por la equidad y seguridad de las mujeres: la necesidad de promover desde edad temprana el respeto a ambos géneros y atemperar el sistema educativo para que permita que tanto niños como niñas se reconozcan y se respeten como seres humanos con igualdad de derechos y oportunidades. Meses más tarde, el mismo Secretario de Educación emitió una nueva carta circular que aconsejaba a las maestras y maestros del sistema de educación utilizar los mandamientos bíblicos de la tradición judeo-cristiana como tema de reflexión al iniciar diariamente la jornada de estudios.

Otros departamentos y agencias de gobierno, como el Departamento de la Familia, han adoptado medidas que contribuyen a crear un ambiente gubernamental hostil para las mujeres. Sus políticas sobre asuntos como las pensiones alimentarias, demuestran una tendencia clara a dar preeminencia a las necesidades de los varones amparándose en un razonamiento según el cual ya se han dado demasiados privilegios a las mujeres, que son en su mayoría las madres custodias y jefas de familia a cargo del cuido y manutención de sus familias. Desde esta misma agencia de gobierno se lanzó una campaña de medios titulada “Promesa de Hombre” que pretende erradicar la violencia doméstica haciendo un llamado a los hombres para que protejan a las mujeres y para que, en su defecto, eviten “defenderse” de éstas con violencia. Esta campaña no sólo evidencia la intención gubernamental de dejar de lado a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres como eje de las acciones que se concierten para prevenir e intervenir con la violencia doméstica, sino que además, impulsa dos ideas estereotipadas y nefastas para las mujeres: o somos débiles e indefensas o somos unas brujas maquiavélicas de las cuales los hombres deben defenderse.

Para empeorar la situación de las mujeres ante el gobierno, en el ámbito laboral y económico se han aprobado leyes y se han tomado decisiones que impactan frontalmente a las mujeres sin considerar que en los últimos años las estadísticas económicas ya las ubicaban en una situación de desventaja frente a sus pares masculinos. El 58% de las familias lideradas por mujeres en la Isla viven bajo el nivel de pobreza. Ahora mismo, sin embargo, ese porcentaje está en pleno proceso de aumento pues el gobierno está ejecutando un plan de cesantías de empleados y empleadas públicas, de los cuales un 60% son mujeres. No podemos pensar que todo esto ocurre por mera casualidad. Es más bien la reafirmación sin palabras de un pensamiento que asigna a la mujer un rol secundario e irrelevante en la sociedad y que sólo la reconoce como parte del ámbito doméstico en una estructura familiar tradicional y heterosexual.

En el ámbito de la salud, el tema de los derechos sexuales y reproductivos- incluido el derecho al aborto- es un tema tabú que es evitado a toda costa. Recientemente es más probable ver campañas para la entrega voluntaria de bebés para adopción que campañas educativas para la prevención de embarazos y de infecciones de transmisión sexual. ¿Qué decir ante esto? Sólo que nuevamente nos enfrentamos a la idea de que la abstinencia, sobretodo de las mujeres, es el mejor remedio para todo… en especial para garantizar a los varones poder y control en el ámbito sexual. Ni qué decir de otros aspectos de la salud de las mujeres, como los cuidos durante el embarazo y parto, los servicios durante el proceso de menopausia, prevención de cáncer y otras áreas de importancia para su pleno desarrollo y bienestar. ¿Cuál es la política del Departamento de Salud al respecto? Silencio.

La violencia hacia las mujeres es mucho más que la violencia doméstica o la agresión sexual. La violencia hacia las mujeres existe cuando le son negados los accesos a los servicios y bienes que necesitan para su pleno desarrollo humano. La violencia hacia las mujeres se ejerce cuando desde el gobierno se da carta blanca a grupos religiosos para que sus ideas particulares sobre lo que deben ser las mujeres sean impuestas a través de legislación y políticas públicas en detrimento de los derechos humanos de éstas. La violencia hacia las mujeres se convierte en una agresión de parte del Estado cuando el mismo asume un rol activo en la elaboración de acciones gubernamentales que atentan contra la equidad y un rol pasivo cuando el sector privado es quien atenta en contra de ellas. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano ante el gobierno actual? Ser mujer, negra, pobre y lesbiana. Con un perfil como ese, se convertiría en el ejemplo perfecto de lo que es un grupo totalmente excluido de los cículos de poder y se convertiría además en el objeto de toda la violencia social que se promueve desde el gobierno.

Irónicamente, la sistemática y consistente agresión del Estado en contra de nosotras- manifestada de manera especial en el desmantelamiento de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres- ha avivado el movimiento de mujeres de la Isla y logró hacerlo más amplio, diverso e inclusivo. Desde finales del 2007, bajo el nombre de Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, organizaciones de mujeres, feministas y otros sectores solidarios con los derechos humanos de las mujeres, han asumido la voz y la acción para denunciar, proponer y promover acciones que vindiquen y adelanten la equidad para las mujeres. Ya no hablamos “las feministas” sino “las mujeres”, y cuando lo hacemos, se nos escucha. La organización del sector de las mujeres no es nueva y en Puerto Rico existe una tradición organizativa que por décadas ha demostrado tener la capacidad de adelantarse a los tiempos y lograr cosas que parecían imposibles.

Aún antes de las elecciones del 2008, el MAMPR fue uno de los grupos que con más claridad advirtió al país acerca del maridaje entre Iglesia y Estado que proponía el Partido Nuevo Progresista (PNP). A pesar de las advertencias del MAMPR en medios públicos y cibernéticos, el PNP ganó de forma abrumadora las elecciones, teniendo como una de sus primeras acciones la creación de una Oficina de Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe que dirige una “pastor” llamado Aníbal Heredia y quien ha sido un ferviente promotor de una visión teocrática de gobierno.

La tradición de lucha del movimiento de mujeres en la Isla, encarnada a través del MAMPR y sus principios de equidad, ha florecido y se ha integrado exitosamente a movimientos y acciones políticas como la manifestación en contra de la Homofobia en mayo, la Asamblea Nacional del 5 de junio, la Parada Orgullo Arcoiris en ese mismo mes, el Paro Nacional en octubre, el piquete nocturno frente a la Fortaleza y las Musas Desprovistas frente a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Por su parte, ¿qué esperar del gobierno este 25 de noviembre? ¿Con cuántas actividades plagadas de hipocresía conmemorará nuestro gobierno el Día Internacional de No Más Violencia Hacia las Mujeres? ¿Cuánto más simplificará el asunto de la violencia por razón de género para invisibilizarlo y poder pasar a otros puntos de la agenda nacional que les resultan más amenos y menos amenazantes? Su decadencia no nos sorprende y muy al contrario nos reafirma en la idea de que como movimiento político, el movimiento de mujeres tiene mucho que aportar al presente y al futuro nacional. Ya no esperamos nada del Estado. Apostamos todo al país y a su gente. Como dije al principio, estamos de pie y resistiendo, pero además, dispuestas a embestir para lograr avanzar. Como muy bien dice un querido amigo, la equidad es inevitable.